La guerra sucia en la familia Cereceda, propietarios de la lujosa urbanización La Finca en Madrid, refugio de estrellas del fútbol y grandes fortunas, llega a su final. La Fiscalía pide 16,5 años de prisión para Susana García-Cereceda por haber contratado al excomisario de policía, José Manuel Villarejo, hoy en la cárcel, para espiar a su hermana pequeña Yolanda; a la última mujer de su padre, Silvia Gómez Cuétara; y al arquitecto que proyectó gran parte de las lujosas casas, Joaquín Torres. De fondo: una lucha dura y soterrada por la herencia del patriarca, Luis García Cereceda, fallecido hace diez años víctima de un tumor cerebral. En juego: un valioso legado de más de 1.000 millones de euros. A Susana se la acusa de cohecho, revelación de secreto de empresa y particulares y a su socio y mano derecha, Francisco Peñalver, para quien ministerio fiscal pide 19 años de prisión, también de falsedad documental. Villarejo, por su parte, suma otra petición de 38 años de prisión.
“Seguid a la señora, seguid a Torres a ver si encontramos algo”, le ordenó la primogénita en julio de 2013 a Villarejo tal y como se escucha en los audios que el expolicía grabó de todas sus conversaciones con Cereceda, una práctica que ahora ya sabemos era habitual en él. Grabó a Corinna; grabó a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado; o al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Para los investigadores, estas y otras pruebas –le intervinieron decenas de informes– prueban que Susana García-Cereceda y su socio Francisco Peñalver desplegaron toda una actuación ilícita para conseguir información relativa la vida personal de los afectados, incluyendo detalles de su vida sexual. Desde su punto de vista ha quedado acreditado que ordenaron al excomisario Villarejo que pinchara los teléfonos de las víctimas, les realizara seguimientos y se informara de los datos más íntimos que pudiera conocer para después emplearlos contra ellos y conseguir una posición de ventaja en la lucha por la herencia.
“Hombre, si (ella) tiene un novio, está bien saberlo…”, dejaba caer Susana en otra de sus reuniones con Villarejo. Se refería a Silvia Gómez Cuétara, de 48 años, última mujer de Luis García Cereceda, el magnate que había amasado una de las riquezas más grandes de España con el boom inmobiliario de los ochenta. A su muerte en junio de 2010, y obligada por las hijas del empresario, Silvia había tenido que marcharse del hogar que compartía con él en La Finca por orden de un juez. Había logrado un acuerdo económico con las hijastras: tenían que retribuirle con 30.000 euros mensuales durante el resto de su vida. Pero Silvia, según fuentes del caso, intuía que en el extranjero se escondía una desconocida fortuna familiar y por eso había reclamado un millonario complemento de su legítima.
Según se puede escuchar en los audios de Villarejo a Susana García-Cereceda le interesaba, sobre todo, conocer en qué situación se encontraba la relación con la actual pareja de Silvia Gómez Cuétara. Ante la posibilidad de conocer si Gómez Cuétara estaba teniendo una aventura, el jefe de seguridad de Procisa, David Fernández, le comentaba a Villarejo: “También puede hacer falta, por si acaso, como ella está intentando hacer daño, pues de alguna forma también se le puede hacer daño”. Susana convenía: “Eso, porque si a ella algo le importa ahora mismo es cuidar su relación con el viejo (…) que es el que le da la pasta todos los meses, y al que le está intentando sacar todo y más”.
Para Susana García Cereceda, tanto su hermana Yolanda como Silvia Gómez Cuétara y el arquitecto Joaquín Torres suponían una amenaza por la herencia del padre. Además de Procisa, la entidad responsable de la urbanización de Pozuelo, donde los chalés pueden alcanzar los 40 millones de euros, estaban en juego los terrenos de La Pellejera, refugio de invitados como el expresidente Felipe González o el millonario mexicano Carlos Slim, íntimos del empresario; el restaurante Zalacaín, lugar de reunión de altos cargos socialistas; varias propiedades en el centro de la capital y una casa en Baqueira, entre una larga lista de diversos activos.
Tan importante era para ella la lucha por la herencia multimillonaria que llegó a pagarle a Villarejo unos 340.000 euros por sus servicios. Villarejo le dijo que pondría a su disposición un enorme despliegue de medios, recursos públicos a los que tenía acceso por su condición de policía: “Doce coches y cinco motos para vigilancia; equipos de audio para grabaciones convencionales o en ambientes hostiles, equipos ópticos y captadores de imágenes en situaciones adversas…” y así poder realizar “seguimientos personales dirigidos a conocer los vínculos de carácter personal e íntimo”. Además, gracias a sus contactos en el mundo de la judicatura, sus fuentes en Hacienda, bancos y empresas, el comisario tenía acceso a la información reservada que le proporcionaba su amplia red de colaboradores. Cruces de llamadas, antecedentes penales, datos fiscales… Podía conseguirlo todo. Él mismo alardeaba: “Nosotros asesoramos al Ministerio en temas delicados, que no le cobramos, obviamente. Entonces tenemos cierto paraguas a la hora de pedir cosas y tal…”. Pero su especialidad, como él mismo presumía, eran los asuntos “de cama”. “Sirven para hacer palanca”, advertía. Y así conversaba con Susana García-Cerceda sobre sus pesquisas sobre Cuétara:
José Manuel Villarejo: Nosotros estos días hemos dedicado un poquito de tiempo a observarla (…) está mucho en Mallorca (…) qué alegría, ¿no? Tener pocas preocupaciones en la vida (decía el comisario entre risas). La información que nos llega de dentro del entorno es que ella debe de tener algún noviete cuando este hombre está en México.
Susana García-Cereceda: “Ah, eso es importante”.
Villarejo: “Efectivamente (…) a todas el Joaquín (Torres) les da cobertura cuando quedan con alguien. Ese es el poder que este chico tiene, lo cual es interesante, porque eso supone un punto de vulnerabilidad para los maridos, obviamente, ¿no? (…) Dicen: ‘No, estoy con Joaquín mirando cosas y tal’, y están con el noviete dándose un homenaje. (…) Es interesante porque, aun cuando lamentablemente es información aparentemente frívola, pues es una información vulnerable. (…) Es una mujer (…) que ya se siente un poco mayor, y quizá por eso se ha enrollado (…) con un chiquito que todavía no hemos descubierto, pero que sabemos que tiene y está utilizando a Joaquín para eso.
Susana García-Cereceda: Eso sí que es importante, saber quién es.
Villarejo: ¿Es interesante?
Francisco Peñalver: ¿Saber el chiquito? Fundamental.
El comisario investigó también la vida privada del arquitecto Joaquín Torres, así como su vida íntima, con el fin de conocer sus “debilidades”, y difundir esta información en medios de comunicación y círculos personales y profesionales. “Existe la posibilidad de detectar movimientos de dinero susceptibles de poder considerarse como blanqueo de capitales. Generar desconcierto o desconfianza entre Torres y su círculo más íntimo con continuas maniobras de intoxicación informativa. Publicar en medios que le afecten emocionalmente”, escribió en uno de sus informes.
El comisario tuvo claro a quién debía recurrir. El 9 de octubre de 2013 en una reunión con Susana, Peñalver y Redondo, Villarejo explicó: “Le hemos pegado ya un apretón a Ana Rosa Quintana, a la otra… En fin, a todos los programas y a toda la gente que tiene algo que decir en los medios de comunicación. ‘Oye, cuidado con este tío que es un chantajista, que os va utilizando a vosotros y tal, va pidiendo dinero o que salga en el programa que te dice que tú te llevas un porcentaje’. En fin, este tipo de cosas ayudan…”. Ana Rosa Quintana y el policía Villarejo se conocían desde hacía tiempo. Tanto es así, que el actual marido de la periodista, Juan Muñoz, está procesado por extorsión, descubrimiento y revelación en otra de las piezas que investigan al excomisario Villarejo a quien solicitó sus “servicios”.
Finalmente, el programa Cazamariposas TV, emitido en Telecinco, arremetió sin piedad contra el arquitecto, para luego insinuar que Torres, en ese momento casado con la pintora Mercedes Rodríguez, era homosexual. Unos días después, Torres se despedía entre lágrimas como colaborador de Sálvame, donde hablaba de las casas de los famosos. Cazamariposas acabó disculpándose por el tono de sus palabras.
Por estas y otras informaciones sobre su propia hermana a la que se llegó a incapacitar y que perdió la custodia de sus hijos y su exmarido Jaime Ostos, Susana García-Cereceda pagó 340.000 euros a Villarejo. Pero no lo hizo de su bolsillo, sino que fue Procisa, la empresa familiar, la que desembolsó de sus fondos la cantidad a través de facturas falsas. Por eso la Fiscalía acusa también a su socio de falsedad documental.
Pese a que en un inicio Susana declaró ante los fiscales que solo había contratado al detective Villarejo, sin saber que era policía, para investigar a una empresa con la que Procisa mantenía un contencioso y aseguró que no tenía “ningún interés” en conocer la vida privada de otros, hoy tanto ella como su socio Francisco Peñalver han consignado cada uno 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, muestra de que podrían reconocer el delito y llegar a un acuerdo antes del juicio.
Los afectados también solicitan a los acusados un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. Silvia Gómez Cuétara pide 250.000 euros; Joaquín Torres más de 10 millones de euros y su hermana solicita 22 millones de euros por los perjuicios patrimoniales causados y el daño moral. La guerra parece llegar a su fin.
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